El Sindicato Profesional de Policía, en defensa de los mismos, exige una inmediata rectificación pública al autor de noticia.
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- Desde el SPP muestran su apoyo incondicional a la comisaria y al inspector jefe por su gestión al frente de las investigaciones realizadas por la Brigada Provincial de Policía Judicial de Pamplona.
- Quieren poner de manifiesto cómo ocurrieron realmente los hechos.
- Exigen al autor de la información, que de forma inmediata y pública rectifique las declaraciones efectuadas contra los funcionarios, a los que acusa de la comisión de unos hechos inciertos.
Madrid, 15 de junio de 2020.- El Sindicato Profesional de Policía, mayoritario en las escalas de mando de la Policía Nacional, muestra su apoyo a la gestión realizada por los mandos de la Comisaría de Pamplona y manifiesta su absoluto rechazo a las acusaciones infundadas y falsas, aparecidas en prensa, acusándolos de haber podido cometer delitos de infidelidad en la custodia de documentos, de falsedad documental, de desobediencia y denegación de auxilio y de prevaricación.
Ponen de manifiesto su apoyo a los mandos de Pamplona cuya trayectoria profesional es impecable, obteniendo distintos reconocimientos por su labor y mantenido siempre cordiales relaciones profesionales y personales con sus compañeros, con un respeto y consideración nunca cuestionados, además de por los responsables de otras instituciones provinciales.
Pese a ello, el pasado 7 de junio fue publicada una noticia de prensa en un diario navarro repleta de falsedades e inexactitudes en la que, con una manifiesta falta de escrúpulos, tergiversan la realidad y acusan a los mandos de hechos muy graves.
Desde hace varios meses cierto periódico navarro viene publicando informaciones relativas a irregularidades en la investigación policial de dos presuntas agresiones sexuales ocurridas en Pamplona en diciembre de 2016 cuya instrucción judicial continúa abierta. Las informaciones (al parecer procedentes del abogado de la acusación) que atribuían primero la responsabilidad de esas anomalías al equipo investigador responsable del asunto, han ido variando hasta acabar, en tirada dominical a toda página el pasado 7 de junio, acusando abiertamente de destruir pruebas a los actuales responsables de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Pamplona.
Existen unas Diligencias Previas abiertas por estos hechos en el Juzgado de Instrucción número Uno de Pamplona, en una investigación que lleva a cabo la Unidad de Asuntos Internos.
A nadie se le escapa que, mediante el ataque directo a varios miembros de la Jefatura de Policía en un periódico cuya línea editorial es de una marcada tendencia política, la finalidad última de la publicación de dichas informaciones es difamar y manchar a la Policía Nacional en Navarra y asestar un golpe letal a su imagen corporativa con la finalidad de que las mujeres navarras pierdan la confianza en sus miembros.
Es otro paso más en el intento de marginación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en la Comunidad Foral. No hay que olvidar que el abogado (una de las presuntas fuentes de la información) es hermano de la ex consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia propuesta por EH Bildu cuando Navarra era gobernada por la coalición Geroa Bai-Bildu-Podemos. Los abogados deciden qué estrategia de acusación o defensa utilizar en cada caso.
Parece que en esta ocasión la opción elegida es el ataque indiscriminado a cualquier miembro de la Policía Nacional que haya tenido relación con este asunto (en otros medios de comunicación que se han hecho eco del tema se alude ya a otros grupos de la Brigada de Policía Judicial e incluso a la Unidad de Asuntos Internos, como si entre todos hubiesen trazado un complot criminal tendente a destruir prueba en un caso tan grave como una agresión sexual). De esta manera el letrado ejerce asimismo una gran presión sobre la juez instructora.
Por otro lado, entre las acusaciones injustamente vertidas contra los miembros de la Policía Nacional en la publicación aludida, se cita a uno de ellos, a la comisaria, con su nombre y apellidos y, quizás con el objetivo de añadir un plus de perversidad, se incluyen datos sobre su trayectoria profesional que no tienen absolutamente nada que ver con las agresiones sexuales que se investigan.
En este sentido es importante aclarar que, a pesar de la campaña mediática de hace unos años contra la comisaria, nunca se abrió contra ella un expediente disciplinario ni hubo ningún tipo de imputación penal y ni siquiera la comisión parlamentaria que se creó en su día llegó a ningún tipo de conclusión desfavorable respecto a la actuación de la Brigada que la comisaria dirigía en Madrid, quedando así totalmente desvinculada de los hechos que se le atribuyeron por determinados grupos de interés.
El artículo 20.d de la nuestra Constitución recoge el derecho “A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión…”. El periodismo debe ir inexorablemente unido a una tenaz labor de verificación, comprobación y confirmación de los datos (como la labor policial, en realidad). La libertad de información no puede amparar la calumnia (en este caso, a funcionario público en el ejercicio de sus funciones).
Desde el Sindicato Profesional de la Policía muestran su total apoyo a todos los miembros de la Policía Nacional ofendidos por el autor de la información y a todos los destinados en la Jefatura de Navarra y exigimos que se respete su privacidad, su dignidad y su presunción de inocencia.
Exigen al periodista denunciante una rectificación pública y clara, ante un ataque tan infundado contra la gestión de los afectados a los que se acusa de hechos inciertos, que no se pueden entender salvo que obedezcan a intereses espurios. Esa rectificación que demandan, debe ser efectuada, como mínimo, con la misma difusión que la nota de prensa
inicial.
Y no sólo cabe la rectificación ante los afectados, sino ante toda la Institución de la Policía Nacional y por ende hacia la sociedad. Además del apoyo expreso del Sindicato Profesional de Policía, se ha puesto a disposición de la comisaria los servicios jurídicos por si estima oportuno emprender las acciones legales que correspondan.
Consideran que este ataque basado en informaciones malintencionadas supone un grave perjuicio para la Comisaría de Policía Nacional de Pamplona, y especialmente a las dos mujeres víctimas de los hechos denunciados.
