La Comisión de Interior del Congreso de los Diputados lleva trabajando desde noviembre en la reforma de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana que entró en vigor en 2015. Y ayer supimos que los partidos que apoyan al Gobierno han alcanzado un consenso para desmantelar varios de los puntos que más afectan al trabajo de los policías nacionales. Una vez más, la política se abre paso no como forma de resolver los problemas de la sociedad sino como palanca para impregnar las leyes de sectarismo. En este caso, además, en un ámbito muy sensible puesto que lo que regula esta norma, en definitiva, es la convivencia de todos. Lo que siempre se concibió como una balanza que equilibrara derechos y libertades de unos -a manifestarse y protestar, legítimamente- y de otros -a no sufrir alteraciones en su quehacer, con ciudades convertidas en ‘manifestódromos’- perderá esa virtud y se convertirá en una ley escorada, coja.
Y esta noticia llega justamente cuando el Consejo General del Poder Judicial mostraba su más enérgica condena al lanzamiento de excrementos en sedes jurisdiccionales de Cataluña, al entender que se trata de un intento de condicionar su independencia. Han exigido protección policial para que no se repitan hechos así. Y tienen toda la razón del mundo. Pero, si tan claro está que un hecho así, sin consecuencia penal alguna ni riesgo físico inminente o predecible contra nadie, tiene trascendencia para la seguridad ciudadana, ¿por qué se va a exigir que la grabación de imágenes a policías sólo sea sancionable si se acredita un peligro concreto para ellos o sus familias?. ¿Quién y cómo acredita ese riesgo sobre el terreno?, ¿quién y cómo defenderá a los compañeros que se ven hostigados en cientos de actuaciones por quienes primero provocan una reacción contra esa intervención para luego grabarla y señalar a los policías en todo tipo de redes sociales?. ¿Acaso los policías nacionales son servidores públicos con menos derechos y garantías que jueces y fiscales o políticos, que pelean por hacerse con escolta y protección estática en sus domicilios porque les insultan o amenazan en redes sociales?.
Algunas otras reformas pactadas para esta norma son igualmente llamativas. Que el uso indebido de prendas o emblemas e insignias policiales deje de ser sancionable cuando resulta que es el medio preferido por muchos grupos organizados para despejar cualquier recelo de los ciudadanos en un robo o extorsión, por ejemplo, no deja de ser paradójico. Retirar esta sanción es otro ejemplo más de reforma legislativa sectaria y no profesional. Y también perjudicará el trabajo policial.
Finalmente, los cambios que esta ponencia parlamentaria ha acordado afectan al derecho de manifestación, a la forma en la que se ejerce, al abrir la puerta a convocatorias exprés de manifestaciones, comunicadas sólo con cuatro horas de antelación. Esta opción abre la puerta a que determinadas ciudades, Madrid entre ellas, se conviertan en ‘manifestódromos’ colapsados en los que circular o hacer vida normal sea imposible.
Gestionar una manifestación, desde el punto de vista policial, para garantizar la seguridad de los asistentes y proteger también los derechos del resto de ciudadanos, requiere unas actuaciones de planificación -recorrido, número de efectivos de orden público necesarios, refuerzo con unidades de otras plantillas, elaboración de análisis de riesgos, etc.- que no se podrán abordar en un plazo de unas pocas horas. Y si la asistencia prevista es elevada -se habla de casos mediáticos, en los que el apoyo social sería muy intenso- pretender esa previsión en un tiempo récord va más allá de lo policialmente asumible.
El Ministerio del Interior ya avanzó en octubre del año pasado sus intenciones, a través de una Instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad que se adelantaba a este trabajo parlamentario. Un documento que se redactó de espaldas a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, que desconocían su redacción y que tuvieron conocimiento del mismo cuando ya estaba firmado y enviado a los Cuerpos. Evitar contar con los profesionales de la seguridad pública en esta materia, ocultar un trabajo técnico de impacto directo en nuestro quehacer diario, es un ejemplo de desprecio y falta de respeto. Fue la crónica de un desmantelamiento normativo anunciado.
Los profesionales de la Policía Nacional asumimos riesgos a diario. Y lo hacemos, precisamente, para proteger la vida, la integridad física, las propiedades y la tranquilidad del resto de ciudadanos, incluidos los políticos. En esa tarea apasionante y arriesgada necesitamos de normas que nos protejan jurídicamente. Pero no para abrir la puerta a la impunidad de actuaciones policiales -somos una profesión sometida a constante examen en un plano disciplinario, penal y mediático- sino para que el Estado de Derecho garantice el imperio de la Ley. Si se dificulta y entorpece el trabajo policial, si se despoja a los agentes de la protección jurídica necesaria, si se impide cualquier sanción administrativa para evitar garantizar la seguridad ciudadana, se deteriorará la convivencia.
Hay determinadas actuaciones que, sin llegar a ser delito, generan inquietud y condicionan la tranquilidad de colectivos. Los excrementos en sedes judiciales o las pintadas en las inmediaciones de un partido político son un ejemplo. También los ataques en redes sociales, que siendo concretos no suelen implicar un riesgo directo inmediato. En todos esos casos los profesionales afectados recurren a protección policial porque entienden que su labor puede verse condicionada. ¿Quién debe proteger al protector cuando sufre esos mismos episodios?. La respuesta que tienen los grupos parlamentarios que apoyan los cambios en esta Ley es clara: nadie.
Como legítimos representantes de los policías nacionales, reclamamos reflexión a quienes vayan a dar su voto para modificar una Ley Orgánica desde el sectarismo político y no desde criterios técnicos normativos. Piensen en ciudadanos y no en votantes. Piensen en el interés general y no en el particular. Piensen en los derechos de todos y no sólo en los de determinados colectivos. Al Gobierno actual le toca pensar en TODOS los ciudadanos y retirar cualquier propuesta legislativa sobre estas cuestiones.
Madrid, 8 de Febrero de 2019
